Aprieto para Filmus: un informe de su propio Ministerio reaviva el debate sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos

Científicos del programa PoblAr, del ministerio de Ciencia, descartaron la validez de los test comerciales de ADN ancestral para cuestiones de filiación. Es el recurso al que apelan cada vez más las víctimas excluidas del laboratorio genético que controla Filmus.

Esta semana, un comunicado oficial de la provincia de Buenos Aires apuntó al corazón del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), vieja caja de resonancia de las paradojas de nuestra política de identidad. El comunicado lleva el membrete del gobierno bonaerense y la firma de la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Seguridad. Y dice dos cosas: que los test de ADN ancestral disponibles en el mercado no son válidos para despejar búsquedas de familiares biológicos; y que “resulta evidente la necesidad” de que se abra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El comunicado se basa en un informe científico del propio ministerio de Ciencia, del que depende el BNDG.

Los test de ADN ancestral son de venta libre y están en boga en el mundo. Con un auto hisopado sencillo, los clientes pueden recoger una muestra de saliva, mandarla por correo y quedar incluidos en bases de datos que almacenan y comparan millones de perfiles genéticos. Pero el comunicado de la Dirección de Personas Desaparecidas advierte: “Los test de ancestralidad o ancestría disponibles comercialmente carecen de validez científica para determinar filiaciones de primer, segundo y tercer grado, y su uso puede acarrear perjuicios a los cientos de buscadores y buscadoras que hoy invierten sus esperanzas en esta herramienta privada con el fin de conocer su identidad de origen y encontrar a sus familiares más cercanos. Así lo ratificó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación”.

La oficina de Personas Desaparecidas tiene un equipo de Búsquedas de Identidad de Origen para casos desligados de la problemática específica del Terrorismo de Estado: personas adoptadas o apropiadas en cualquier época que buscan a su familia biológica, o personas desvinculadas de sus bebés que hoy los buscan. Según explicó su director, Alejandro Incháurregui (uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense a la salida de la dictadura), decidieron consultar al ministerio de Ciencia ante la cantidad de consultas que reciben sobre el uso los test de ancestría, un “fenómeno creciente”. La respuesta que recibieron –y comunicaron oficialmente esta semana– lleva la firma del coordinador del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr), Rolando González-José, y su contenido está avalado por un consejo asesor que integran expertos en genética de poblaciones humanas y otras especialidades.

PoblAr explicó en su informe a la agencia estatal bonaerense que estos test son válidos como estimaciones de ancestralidad, pero no para despejar la problemática de la filiación. Dicho de otro modo: una cosa es explorar el árbol genealógico, retroceder varias generaciones e identificarse con una etnia, y otra es apostar a la técnica del ADN ancestral (donde se ponen en juego muchísimos más marcadores genéticos) para búsquedas de familiares directos. Esto es lo que surge del documento oficial.

Según PoblAR, el principal inconveniente del uso de los test de ancestría para fines filiatorios “tiene que ver con la trazabilidad de las muestras, tanto del donante como de los supuestos matches (coincidencias con otros individuos de la base de datos que potencialmente exhibirán una distancia genética compatible con un parentesco en primer, segundo o tercer grado). La manera en que los servicios son ofrecidos por las compañías hace imposible que un resultado compatible con parentesco en primer segundo o tercer grado pueda ser interpretado como prueba fehaciente de filiación”.

El documento de PoblAR también señala que las empresas no comparten sus datos ni los métodos que utilizan, entonces “no hay sistemas de gestión de calidad que puedan ser empleados para el contralor de estos cómputos, como sí existen para otras ramas de la industria o bienes de servicio”.

El comunicado de Incháurregui destaca que sí se aceptaría como válida la coincidencia (match positivo) entre dos personas que se buscan entre sí y aportaron su ADN a la misma base de datos (mediante ADN ancestral), “pero se recomienda una ratificación por métodos de la genética forense”. Y remarca las “implicaciones sociales” que tiene el uso de los test de ancestría “como test legítimos en la búsqueda de identidad de origen”.

Finalmente, el comunicado vincula el uso creciente de los test de ancestría con la situación del BNDG, cuando dice: “Resulta evidente la necesidad de que los buscadores de identidad de origen, según el caso, puedan recurrir también al BNDG, cuyo uso, hoy, es restrictivo. En ocasiones, otra alternativa sería la judicialización del caso. Pero véase el ámbito forense del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: actualmente el tiempo de espera para la realización de esos análisis supera el año, en parte porque hay un solo perito de la especialidad. Esta Dirección Provincial tampoco dispone de recursos para realizar estudios de ADN, debiendo los interesados recurrir a laboratorios privados, cuyos costos pocas personas están en condiciones de asumir”.

Los otros

No hay mucho misterio. Nuestro país no ofrece laboratorios estatales para los buscadores de identidad que no están en el espectro de los casos de lesa humanidad o no iniciaron reclamos judiciales, salvo un laboratorio de Mendoza y el BNDG. Y en el caso de este último, una restricción legal de 2009 le da el marco para trabajar exclusivamente en los cotejos de ADN destinados a localizar a unos 200 nietos que aún buscan las Abuelas de Plaza de Mayo.

Esto deja afuera a decenas de miles de víctimas. Pero además, desnuda el elefante en el living: en 35 años de historia, este prestigioso laboratorio estatal acumuló más de 14.000 resultados negativos. Es decir, ciudadanos apropiados o adoptados durante el terrorismo de Estado, pero descartados como hijos de los militantes asesinados en aquellos años. Este universo prácticamente no tiene apoyo estatal para resolver sus historias.

Entonces hacen investigaciones artesanales, exploraciones mediante el ADN ancestral y búsquedas en Facebook. No está claro si el BNDG los cruza sistemáticamente entre sí para detectar hermanos (esta semana se supo que dos casos negativos que buscan su origen son hermanas; pero cabe llamar la atención sobre el hecho de que el ADN de estas personas estaba en el BNDG hace más de 10 años). Y no se oye ninguna campaña de difusión masiva que convoque a sus potenciales padres vivos (pese a que, cruzando estos dos mundos, se logró una docena de restituciones de identidad, no difundidas).

En este contexto de desamparo estatal, muchos buscadores de identidad (nacidos durante la última dictadura, antes o después de ella) defienden el uso del ADN ancestral para la búsqueda de familares directos. Y señalan que efectivamente fue esta vía la que permitió llegar a por lo menos 56 encuentros (de padres biológicos o de hermanos) en todo el país.

Ellos -una comunidad informal enorme y diversa- reclaman hace muchos años la apertura del Banco para todos los ciudadanos con el derecho a la identidad vulnerada, independientemente de su fecha de nacimiento. Esto coincide con el mensaje del comunicado de Incháurregui, con la particularidad de que éste se apoya en un informe científico del propio Ministerio de Ciencia. Es decir, el mismo ámbito que tiene en sus manos impulsar un giro empático en el uso del laboratorio insignia.

Nadie conoce mejor la inocultable magnitud y el desamparo de los otros que quienes trabajan en el circuito institucional donde rebota esta problemática: el BNDG (Banco depende del Ministerio de Daniel Filmus, y está dirigido por Mariana Herrera Piñero); la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi, que dirige Claudia Carlotto y depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de Horacio Pietragalla); la unidad especializada en robo de niños durante el Terrorismo de Estado (del fiscal Pablo Parenti). Y las víctimas, claro.