Condenado un exjuez por su rol ante la desaparición del exgobernador Ragone en 1976
El peronista Miguel Ragone fue secuestrado en Salta días antes del golpe del 24 de marzo. Un tribunal condenó al juez federal de la época por encubrir el hecho y omitir investigarlo. Otros juicios por crímenes de lesa humanidad ya habían condenado a policías por el caso Ragone. Su cadáver nunca apareció.
Miguel Ragone D’ Angelis fue el último gobernador elegido por el voto antes de la dictadura en la provincia de Salta. En 1973 ganó holgadamente las elecciones, pero a fines de 1974 la expresidenta Isabel Martínez de Perón intervino esta provincia del noroeste argentino y lo destituyó. La figura de este neurocirujano tucumano que había trabajado con el ministro de Salud de Perón, Ramón Carrillo, y se referenciaba con la tendencia revolucionaria del peronismo, expresaba la tirantez dentro del movimiento. También los servicios de inteligencia locales y regionales lo tenían vigilado, igual que a su entorno, considerado subversivo. En ese vertiginoso contexto, Ragone se perfilaba para ganar unas elecciones internas del partido que nunca sucedieron.
El 11 de marzo de 1976 a la mañana, dos semanas antes del golpe de Estado, un grupo de tareas lo interceptó cuando salía de su casa en la capital salteña conduciendo un Peugeot 504, y se lo llevó. Santiago Catalino Arredes (60), un almacenero del barrio y hermano de una cocinera del hospital público donde trabajaba Ragone, salió a defenderlo y cayó muerto de un tiro. Margarita Martínez de Leal, otra testigo, sobrevivió a una ráfaga de ametralladora.
En 2011 y 2015, la justicia argentina condenó por el caso Ragone (y los de los dos testigos) a tres ex altos cargos del Ejército y la Policía provincial, y a otros expolicías de menor rango; las condenas -por delitos de lesa humanidad- están firmes y se revisa la situación de un ex miembro de la Triple A que había sido absuelto. Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad condenó este miércoles a 15 años de prisión a Ricardo Lona, el juez federal de Salta cuando todo esto sucedió, hace 43 años. La condena a este civil del Poder Judicial era largamente esperada por familiares del exmandatario desaparecido y organismos de derechos humanos locales.
El tribunal responsabilizó a Lona como partícipe secundario del homicidio del exgobernador destituido, por encubrir el homicidio de Arredes y por la tentativa de homicidio de Martínez de Leal. Los jueces consideraron que, como funcionario a cargo de investigar los hechos, ejecutó de acciones y omisiones orientadas a asegurar la impunidad de los responsables. Los fundamentos estarán en octubre.
Los defensores del exjuez Lona buscaron su “absolución lisa y llana”. Dijeron que “no existen evidencias de que estaba al tanto del plan militar” y que “no cometió ni tomó parte alguna” en los hechos que le atribuyen.
Antes de oír el veredicto, Lona dijo en defensa propia: “Ignoraron resoluciones mías que permiten descartar la connivencia que me atribuyen sobre la base de descolgadas afirmaciones, ajenas al objeto del proceso y carentes de todo rigor”. Y criticó que se haya puesto en tela de juicio que él juró en 1976 por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. “Muchos jueces que alcanzaron la más alta magistraturatambién lo hicieron y nadie los descalificó por esa razón”, dijo, y eligió la figura del juez Eugenio Zaffaroni para trazar un contrapunto.
Lona tiene 83 años. Fue juez desde 1974 hasta jubilarse, con sucesivos acuerdos del Poder Legislativo. No irá a la cárcel hasta que el fallo se confirme.
El rol de los exmagistrados en el pasado reciente ya fue escrutado en otros juicios por crímenes de lesa humanidad de los últimos años. En Mendoza, por ejemplo, cuatro jexueces federales fueron condenados por colaborar desde sus funciones en asegurar la impunidad de los represores de la dictadura. Y en Santa Fe un exjuez federal fue condenado por ingresar a centros de detención de esa provincia del Litoral y apremiar allí a las víctimas para extraerles declaraciones convenientes.
El cadáver de Ragone (55) nunca apareció. Una de las creencias sobre su destino final –y el de otros desaparecidos de la zona– es que lo arrojaron al dique Cabra Corral, un enorme espejo de agua artificial ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Salta, rumbo a los valles Calchaquíes. Según se reconstruyó en el primer juicio, cerca de allí se encontraron abandonados luego de su secuestro un Chevy anaranjado y un Ford Falcon gris, coches robados a mano armada días antes, en un raid delictivo por varias provincias del norte, y luego usados en la emboscada al doctor Ragone. En un país que antes del golpe ya vivía militarizado, debió existir coordinación y zona liberada por el Estado para asegurar el éxito de semejante misión, consideraron aquellos primeros jueces.
En ese primer juicio también se desacreditó una versión según la cual un “comando” de Montoneros se había atribuido mediante un parte de guerra el secuestro y ajusticiamiento por la espalda de Ragone, como parte de un supuesto ajuste de cuentas a un traidor dentro del justicialismo. Esa versión se publicó en los diarios en su momento.
En Montoneros: soldados de Perón. Historia crítica sobre los montoneros (Sudamericana, 2008) el historiador Richard Gillespie describe cómo primero Ragone fue depuesto por varias intervenciones federales y después “asesinado por los escuadrones de la muerte”. Y equipara este caso al asesinato del exvicegobernador de Córdoba, el dirigente obrero Atilio López.
