Covid-19: tests a cadáveres, autopsias y riesgo para el personal de salud
“No me niego a practicar una autopsia, pero exijo las máximas garantías de seguridad. Lo contrario sería mandarnos a la guerra con tirachinas”, escribió el patólogo forense andaluz Sebastián Díaz Ruiz en un sitio web especializado. En la provincia de Buenos Aires ya se contagiaron dos médicos legistas. El equilibrio entre la investigación y la protección de la salud.
Un artículo reciente publicado en el sitio de medicina legal y forense Ampliamente.com cuenta que los forenses españoles recibieron un “aluvión de críticas” a partir de las recomendaciones oficiales emitidas en ese país para la práctica de autopsias durante la pandemia del covid-19. La nota, firmada por el médico Sebastián Díaz Ruiz, responde con datos y explicaciones a esas críticas, para “tranquilizar a los curiosos que exigen las autopsias en nuestro país”. El tema resulta interesante a la luz de lo que pasa en Argentina con el manejo de cadáveres en general y las autopsias en particular.
En España, la Sociedad de Anatomía Patológica (SEAP) y el Ministerio de Sanidad sugirieron que no se practiquen autopsias si se trata de cadáveres contagiados de covid-19. En cuanto a los cadáveres sospechososos, sugieren hacerles un test de PCR previo; si este test es negativo se puede proceder a hacer la autopsia; si resulta positivo, se descarta la autopsia. Ahora bien, si la autopsia de un cadáver con covid positivo es imprescindible, se recomienda hacerla en un ambiente seguro, cumpliendo medidas de bioseguridad para Grado 3 de riesgo (es una escala internacional), y limitando la cantidad de maniobras y la manipulación de los órganos.
En “Autopsias en casos de COVID-19 (y II)”, el médico forense Sebastián Díaz Ruiz, de Málaga, reseña que las críticas contra los patólogos señalaban que éstos, de algún modo por falta de voluntad o por temor, no estaban haciendo autopsias y, por tanto, no se podría conocer “cuál era el cuadro patológico de verdad que nos ayudara a combatir el virus” (los hallazgos patológicos pueden servir para determinar el tratamiento médico).
Como respuesta a ello (explica Díaz Ruiz), la SEAP debió aclarar que los motivos de la recomendación inicial de no practicar autopsias son, nada más ni nada menos que la escasez de equipos de protección individual, el alto riesgo de propagación del virus y las pocas salas de bioseguridad nivel 3 (hay sólo tres de ellas en España). Es decir, se busca garantizar la seguridad de los forenses y del personal auxiliar, al igual que en todos los protocolos vigentes en la Argentina y en otros países.
Díaz Ruiz dice: “En ningún momento nos hemos negado a hacer autopsias, lo único que exigimos es hacerlas en las condiciones de seguridad mínimamente exigibles”. Cuenta que están disponibles al menos 600 artículos científicos, todos de este año, que se refieren al cruce entre autopsias y covid19, que la mayoría de ellas recoge guías de trabajo acerca de cómo afrontar una autopsia en estos casos y que también los hay con resultados de algunas autopsias realizadas.
“Yo, como patólogo forense que soy, no me niego a practicar una autopsia a un paciente fallecido como consecuencia de una infección por COVID-19, pero exijo las máximas garantías de seguridad en mi trabajo. Así que, aquí estoy a disposición de lo que las autoridades sanitarias me pidan, aunque yo también tengo cosas que pedir. Lo contrario sería mandarnos a la guerra con tirachinas”.
En Argentina
En Argentina el manejo de la pandemia marcha sobre un collage de normas nacionales, provinciales y locales, de origen sanitario y judicial. Los denominadores comunes en las 24 jurisdicciones del país son la fragmentación de criterios para la manipulación de los cuerpos en todos los eslabones por los que éstos pueden pasar (hospitales, personal de Defensa Civil y del SAME de emergencias, morgues, funerarias, entre otros) y la falta de articulación entre el mundo sanitario y el judicial. Esto preocupa, entre otros sectores, al de las casas funerarias y a la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, que preside el argentino Luis Fondebrider, como surge de esta nota de El País.
En este esquema de gran dispersión, la cuestión de las autopsias es la más uniforme, pero en la práctica no está exenta de dificultades. Las autopsias no están recomendadas en ninguno de los protocolos del país consultados, salvo si las ventajas de hacerlas superan al riesgo de exponer a forenses y trabajadores de limpieza al virus. Ahora, no todos coinciden en el por qué: si el protocolo nacional del ministerio de Salud (Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19) ubica a los cadáveres covid-19 en el “Grupo 2” de la escala internacional por su riesgo de contagio, tres guías provinciales consultadas dicen otra cosa.
La más inquietante de ellas es la resolución emitida en el ámbito judicial bonaerense por el Procurador General, Julio Conte Grand. En ella se ordena tratar a los casos de covid-19 como “nivel de bioseguridad 4”, y se deja a criterio de los fiscales prescindir de pedir una autopsia en este contexto de emergencia; incluso para muertes en custodia. Varias muertes en comisarías y femicidios ocurridos últimamente en la provincia de Buenos Aires, en los que se dijo que las víctimas habían tenido síntomas de covid-19 (y en algún caso, fueron cremadas sin autopsia), abren un panorama inquietante estando en vigencia esta norma.
En el mismo territorio funcionan morgues que no dependen de la Procuración y entonces no están alcanzadas por esa resolución, sino por otro protocolo, de origen policial, dirigido a la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Bonaerense. Las autopsias no se han detenido por la pandemia, dicen fuentes calificadas de esa fuerza, y aseguran que se hacen con “medidas de bioseguridad especiales”.
Pero ya dos médicos legistas de la Policía dieron positivo de covid-19. Uno se desempeña en la morgue de La Plata y está internado. El otro es de Quilmes y fue asintomático, pero se autoaisló porque también es agente sanitario fuera del ámbito policial y había tenido contacto con casos sospechosos, y dio positivo.
Si en España hay sólo tres salas con nivel de bioseguridad tres, como dice el artículo de Ampliamente, ¿cuál es la situación en Argentina? La morgue policial de La Plata, por caso, fue noticia varias veces por sus pésimas condiciones de espacio y ventilación para el trabajo de los forenses, así como por un descalabro en el registro administrativo. Ahora mismo se acumulan ahí decenas de cuerpos, porque el cementerio contiguo está cerrado. En la misma provincia, en otra morgue policial, se discutió largamente si había que hacer un hisopado a un cadáver sospechoso de covid-19 luego de seis días de la muerte. Son sólo ejemplos.
Otras tensiones surgieron en Argentina en el sentido inverso: al indagar, ante fallecimientos dudosos, si detrás de ellos está el covid-19. Un fiscal porteño que investigaba varias muertes dudosas ocurridas en los últimos diez días de marzo, pidió a la morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires que, al informar las causas, agregara el resultado de test para la covid-19. Pero ese cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema, solo tomó una muestra: la de aquel caso que calzaba con la definición de “caso sospechoso” del ministerio de Salud. El testeo masivo, dijo la morgue, “no está recomendado”. Para complejizar, hay que agregar que esa definición es dinámica y también varía entre algunas provincias.
En una recomendable entrevista publicada esta semana en El Espectador, la médica colombiana María Dolores Morcillo Méndez, coordinadora forense para el Líbano del Comité Internacional de la Cruz Roja, recorre todo el espinel del tema del manejo digno de los cadáveres en las emergencias. También dice allí que “el Covid-19 no sea razón para no realizar una adecuada investigación conforme al marco legal. El virus no puede ser excusa para no investigar las muertes que hay que investigar”.
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