Esperanza para una madre: la Cámara Federal de La Plata ordena a un juez de Quilmes profundizar la investigación sobre un bebé robado en 1969
Leonor Lazzarano parió engañada en una clínica de Wilde dedicada a la compraventa de chicos. El juez Luis Armella había ordenado archivar la causa en la que ella busca a su hijo o hija, pero la Cámara ahora revocó esa resolución. Una buena noticia en un caso testigo del ninguneo a las víctimas no vinculadas al terrorismo de Estado.
Leonor Lazzarano tenía 17 años cuando parió en una clínica del conurbano bonaerense conocida como “maternidad Wilde”, “clínica de partos Wilde” o “la clínica de Doña Elena” (por su dueña, la partera Juana Elena Arias de Franicevich, ya fallecida), a la que llegó engañada por su madre a fines de 1969, antes de las Fiestas. En ese momento le dijeron que su bebé había nacido muerto, pero no lo creyó. Tiempo después, su abuela le reveló que hubo un pacto familiar para entregarlo. Más adelante, con el padre del bebé, Alberto Landaburo, judicializaron esta historia, que tiene indicios fuertes de enmarcarse en una red de tráfico de chicos. La pareja acusó al conocido médico de la Policía Bonaerense Jorge Antonio Bergés, quien habría atendido en esa clínica ya en esa época, y participado de aquel parto.
La causa tramita en la justicia federal de Quilmes. En 2020, la pareja sufrió un revés allí, cuando el juez Luis Armella ordenó archivar la investigación por considerar que no había elementos suficientes para avanzar, como publicó El País. Pero la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) acaba de revocar tal decisión, que consideró prematura. Alberto murió en 2021 sin poder llegar a la verdad, pero Leonor continúa luchando.
Aunque no lo parezca, la sentencia de la CFALP puede leerse como una pequeña gran noticia de derechos humanos. No sólo para esta madre, sino para muchas víctimas que vienen detrás. Porque esta historia es especialmente ilustrativa de la injusticia verificable en Argentina para las historias de identidad de origen ocurridas en cualquier esquema y momento histórico distintos del circuito represivo de 1976-1983. Cuando el juez Armella ordenó archivar la búsqueda de Leonor y Alberto, un argumento fue que no se podía inferir que el caso a pareja fuera parte de una trama de apropiaciones, como supone la querella, porque ocurrió antes del plan de apropiación de chicos sistematizado por los represores de la última dictadura.
Pero, precisamente, la clínica donde parió Leonor es el ejemplo perfecto de que la compraventa de chicos atravesó las décadas, antes y después de los setenta. Allí se gestionaron apropiaciones desligadas del plan sistemático (se cree que desde 1956), y apropiaciones prototípicas de él (durante la última dictadura, Franicevich falseó constataciones de parto de al menos cuatro hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio. Por ejemplo, la de Martín Ogando, nacido en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield y vendido en esta clínica a una familia que no podía tener hijos).
Por eso, en un escrito dirigido al juez para evitar que la causa se archivara sin agotar medidas de prueba pendientes, el abogado Juan Ignacio Belloccio, representante de la pareja, dijo: “¿Tienen acaso los niños apropiados fuera del terrorismo de Estado un estándar inferior de protección, como personas menos importantes para que la justicia o el Estado invierta sus recursos en buscarlos?”.
Más adelante, al apelar ante la CFALP el archivo de la causa, planteó que en este caso están en juego el derecho a conocer la verdad y el derecho a la identidad. Para esta parte, el caso reúne a las mismas personas, el mismo delito y el mismo modo de operar que casos juzgados en causas por crímenes de lesa humanidad.
En tanto, el defensor oficial de Bergés, Pablo Ordóñez, al acompañar el archivo de la causa ordenado por Armella sostuvo que la imputación de su defendido en otros procesos (fue condenado por delitos de lesa humanidad) no lo hace responsable automáticamente de los hechos denunciados en este caso. Señaló que no se hallaron elementos de convicción suficiente para avanzar en la pesquisa, por lo que hacerlo resultaría “forzado”, y vulneraría principios y garantías del debido proceso.
Sin embargo, la CFALP (tribunal que desde 1999 llevó adelante el Juicio por la Verdad en La Plata) ordenó seguir investigando la presunta sustracción del hijo o la hija de Leonor y Alberto.
En una sentencia emitida antes de Año Nuevo, los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias consideraron que es prematuro cerrar la causa y sostuvieron: “Se impone profundizar la pesquisa focalizando en las medidas propuestas por los recurrentes y en todas aquellas que el a quo considere atinadas”. Entre las medidas pendientes hay declaraciones de testigos y de posibles colaboradores, y el análisis de una serie de inscripciones de nacimientos en Wilde que serían irregulares, entre otras cosas.
Además, los jueces sugirieron enfáticamente darle intervención en la causa a la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, una agencia estatal especializada en búsquedas de identidad de origen que dirige Alejandro Incháurregui, uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En 2020, la resolución de archivar la causa coincidió con un momento de mayor exposición mediática de un grupo de personas nucleadas como “Víctimas de Franicevich”. Se trata de madres que parieron en esa clínica y buscan hijos, como Leonor. Pero también de hijos que buscan a las mujeres que los parieron. Como Mariano Landeira, que nació allí en febrero de 1975, fue vendido a su familia de crianza, ya sabe que no es hijo de desaparecidos (dio negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos) y busca a su madre biológica. Esto es un puzzle en el que todos se necesitan. “Necesitamos que las madres nos busquen”, dice Landeira.
Por eso, desde Facebook, las Víctimas de Franicevich buscan llegar a más mujeres como Leonor: “Si diste a luz en Wilde entre 1956 y 1979 y te dijeron que tu hijo o hija murió y no te entregaron su cuerpito, llamanos, estamos vivos y estamos buscándote!”. Este es sólo uno de innumerables grupos de buscadores de identidad que investigan artesanalmente desde comunidades virtuales, al no encontrarse contenidos por la política de identidad argentina, centrada en la búsqueda de los hijos de los desaparecidos.
