Johana Ramallo: la Justicia prepara la entrega de sus restos, hallados en 2018
La inscripción del fallecimiento y la entrega a su familia de los fragmentos aparecidos en Palo Blanco (Berisso) marcarán una nueva etapa. Pero su muerte sigue siendo un misterio. Y el caso es un ejemplo extremo de la precariedad estatal para buscar personas e identificar cadáveres NN.
“NN Johana” quedó asentado en el policlínico San Martín, de donde se fue con la salud en un hilo a fines de julio de 2017, poco antes de desaparecer. “Víctima de identidad reservada” dice el expediente abierto en el fuero federal del La Plata en octubre de 2017 para investigar el caso vinculado a una supuesta red de trata de personas. “Hallazgo de restos humanos” dice una causa bonaerense abierta en agosto de 2018. “Hallazgo de restos óseos” dice otra, abierta semanas después en el mismo palacio judicial. Todo tardó demasiado en unificarse, algo que ocurrió recién en mayo de 2019. Y ahora, finalmente, aquellos restos podrán ser despedidos por sus seres queridos y llevar su nombre: Johana Luján Ramallo (23).
Tres factores multiplican el dolor de esta etapa. El primero es que sólo hay dos fragmentos, el miembro inferior y el miembro superior derechos de la víctima, detectados por lugareños en la costa del arroyo Palo Blanco, en Berisso, en dos momentos de agosto de 2018. El segundo es la cadena de negligencias que hizo que estos restos permanecieran nueve meses en manos de la justicia aislados uno de otro y sin identificación mientras la aparición con vida de Johana se reclamaba en las calles. Y el tercer factor es que no hay ninguna persona imputada por esta muerte.
La dispersión de información en tres expedientes de una misma ciudad mientras la joven platense permanecía desaparecida, algo que perjudicó la investigación, también tiene implicancias a la hora de tramitar la inscripción de su muerte a partir de la reunión de los restos óseos y la certificación de que ambos corresponden a quien en vida fue Johana Ramallo. Esta confirmación surge de un dictamen firmado por el antropólogo Norberto López Ramos, jefe del Servicio de Antropología Forense (SAF) del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de realizar en esa dependencia porteña una autopsia de la que también participaron miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), peritos de la querella. En los próximos días, los restos podrían ser entregados a la familia de Johana en La Plata, para que pueda disponer de ellos y despedirlos.
Superada esta etapa, el juez federal Adolfo Ziulu –que este año estuvo abocado casi exclusivamente a la tarea electoral, de su competencia– debe seguir investigando cómo murió la joven platense, aproximadamente entre septiembre de 2017 y enero de 2018, y quién desmembró su cadáver. Esto último es lo que sostiene el médico Javier Grubisa, quien primero peritó los restos. Grubisa, jefe de la morgue policial de La Plata, declaró ante el juez Ziulu que “muy probablemente el miembro superior, y sin lugar a dudas el miembro inferior, fueron desprendidos por la acción mecánica de un tercero luego de producida la muerte”.
Pedido de justicia
El 27 de julio de 2017 a las 23.30, Marta Ramallo, la madre de Johana, informó en la comisaría de Villa Ponsati que su hija faltaba desde la noche anterior. Tenía 23 años y una hija pequeña, y vivía al límite. Era pobre y se prostituía en una de las zonas rojas de La Plata. Sufría adicciones, no hacía ningún tratamiento y su estado de salud era alarmante. No se sabe cuánto tiempo sobrevivió. Algunos testigos contaron en la justicia que la vieron días después de su desaparición.
En agosto de 2018, la familia de Johana conoció que habían aparecido restos (los segundos restos) en Palo Blanco, y así comenzó la toma de muestras para una prueba de ADN. Ese proceso fue largo, con marchas y contramarchas, mientras también cambiaron los investigadores judiciales asignados al caso y los abogados de la querella.
El 30 de abril de 2019, el juez Ziulu le comunicó a la mamá de Johana el resultado positivo de una pericia de ADN solicitada al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. La noticia causó conmoción. En La Plata, muy pocos fuera de la querella conocían que hacía ocho meses se estudiaban restos asociables al caso. Apenas unos días antes, quienes militaban la búsqueda habían preguntado en la calle, como cada mes, “¿dónde está Johana?”.
Hace algunos días, Marta Ramallo volvió a escribir en su cuenta de Facebook: “Ni olvido ni perdón, castigo a los culpables”. Y pidió “Memoria, verdad y justicia para Joha”.
Los NN, “un desquicio alarmante” y un protocolo nuevo
Los fiscales bonaerenses están obligados a usar el Sistema Informático de Análisis Criminal (SIAC). Esta plataforma contiene un módulo específico para cargar información sobre los desaparecidos que se buscan y los cuerpos o partes que aparecen . Se creó en 2012 con la meta de cruzar datos y optimizar los tiempos de esclarecimiento de casos que afectan a tantas familias.
Pero el SIAC se carga a discreción, como comprobó la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) bonaerense luego de una investigación sobre la problemática de los NN (personas sin identificar) del presente. En una reciente entrevista con el diario español El País, el secretario saliente, Santiago Cantón, dijo que el tema “es grave y debe ser trabajado”, y describió un panorama de normas que se superponen, prejuicios y resistencias, que hacen del trabajo a diario con los NN “un desquicio alarmante que afecta trágicamente a los habitantes”. El uso arbitrario del SIAC es sólo un ejemplo y puede observarse en un caso de gran sensibilidad, como el de Johana, donde no sirvió para que las fiscalías provinciales N° 8 y N° 3 cruzaran datos sobre restos íntimamente vinculados que, hoy se sabe, son de la misma persona. Por su parte, el juzgado de Ziulu esperó 14 meses después de los hallazgos para indagar en el SIAC si existen más restos asociables al caso.
Otro ejemplo del mal funcionamiento del circuito advertido por la SDH es que las huellas dactilares no se suelen comparar sistemáticamente con las del Registro de las Personas, algo que también pasó con Johana; hay que recordar que los primeros restos aparecidos en Palo Blanco contenían huellas. De habérselas cotejado con las que alberga el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la familia de Johana podría haber conocido la verdad en 2018.
El trabajo de la SDH desembocó en el Protocolo de actuación para la identificación de personas y cadáveres NN en la provincia de Buenos Aires. Esta herramienta está lista pero no llegó a aplicarse en esta gestión saliente. Elaborado en perspectiva de derechos humanos, el protocolo determina cómo debe realizarse el circuito, contempla capacitación para el personal y sanciones por incumplimiento, y promueve la eliminación de barreras entre las distintas agencias que gestionan datos de identidad, para que se agilice el cotejo de los NN. Menciona también la “afectación institucional que se produce cuando se descubre que ha habido tanta negligencia”.
Es que los casos se repiten. Hace un mes se conoció que el cadáver de Salomé Valenzuela (13), desaparecida en San Miguel hace seis años, un caso del Registro Nacional de Menores Extraviados, era el cuerpo por el que su mamá preguntó inicialmente. “Haberme enterado después de seis años de que la habían enterrado como NN mientras yo la buscaba fue el mayor dolor”, le dijo Alejandra Valenzuela a Mauro Viale en su programa Mauro en América.
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