Ante la pandemia, la Corte bonaerense ordena descomprimir los institutos donde hay jóvenes presos
Instruyó a los jueces a evitar nuevos ingresos y buscar alternativas a la privación de la libertad. Además, la Corte evalúa una lista aportada por el Organismo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo con jóvenes en prisión preventiva que podrían ser liberados.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) firmada ayer ante la emergencia sanitaria por el coronavirus instruye a los jueces del Régimen Penal Juvenil bonaerense para que revisen la situación de los adolescentes que están privados de la libertad en institutos de esta provincia, así como la de aquellos que puedan ser detenidos en los próximos días. La recomendación para los magistrados es que evalúen para todas estas personas medidas alternativas al encierro.
La resolución, firmada por el presidente, Eduardo de Lázzari, y el secretario Martín Lorat, subraya la importancia de las alternativas al encierro. Recuerda que siempre se trata de “la última herramienta, y que debe imponerse por el menor tiempo posible”. Y ordena a los jueces buscar medidas alternativas de toda índole (“cuidado, orientación, supervisión, libertad vigilada, programas de enseñanza y formación profesional, familias ampliadas, etc.”). La SCBA señala que todas estas revisiones deben apuntar a “la búsqueda de concesión de un plus de derechos para las/os niñas/os en conflicto con la ley penal, disminuyéndose así –en la contingencia– el número de detenidas/os”.
La resolución se origina en un pedido urgente que hizo desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) María Eva Asprella, su Subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil. Asprella sostuvo que “ante la pandemia actual y la sobrepoblación del sistema, el ingreso de nuevas personas y el sostenimiento de la cantidad actual de detenidos/as generaría un impacto mayor y perjudicial” en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense.
Además, el OPNyA elevó a la Corte un listado elaborado por su Dirección de Programas de Integración para el Egreso con los jóvenes que por sus situaciones procesales y de detención estarían en condiciones de acceder a medidas alternativas a la privación de la libertad, siempre sujeto en cada caso a lo que consideren la SCBA y el juez natural de cada causa. La resolución de la SCBA también hace lugar a este pedido y, en principio, pide a los magistrados que eleven un informe por cada adolescente detenido, donde detallen las características de su encierro y de su estado procesal.
El OPNyA, que depende del Ministerio de Desarrollo, también informó a la Corte que se realiza un plan de “vacunación, fumigación y cuidados extremos” para evitar la propagación del COVID19, y para atender la situación del sarampión y el dengue en la población de los jóvenes detenidos.
En la provincia hay ocho centros cerrados (tres de ellos en La Plata) y 14 centros de contención (seis en La Plata) donde los jóvenes en conflicto con la ley penal cumplen medidas de privación de la libertad en distintas modalidades. La problemática es crónica, preexistente a la emergencia por el coronavirus: forma parte de la delicada materia en la que trabaja una Mesa de Diálogo provincial formada en diciembre pasado por el hacinamiento carcelario.
Josefina López Mac Kenzie
