Las dramáticas búsquedas de chicos y adolescentes que duraron años por investigaciones fallidas y trampas administrativas
Accidentes y homicidios que se investigaron con teorías de trata de personas o desaparición forzada y prolongaron el dolor.
“Traté de ser fuerte ante tantas publicaciones de Loan, pero este video me quebró. Los que me conocen saben mi historia, vivir una desaparición…”. Alejandra Valenzuela posteó esto en Facebook hace varias semanas, tras ver el video viral de Loan Danilo Peña bailando con un pequeño acordeón en Corrientes. La desaparición de la que habla Alejandra es la de su hija, Salomé Valenzuela, una situación tortuosa que se prolongó siete años, hasta que se descubrió que la habían matado el mismo día en que desapareció.
El de Salomé Valenzuela es un caso emblemático de impericia e indolencia policial y judicial en búsquedas de personas desaparecidas. El 16 de febrero de 2013, esta nena, que estaba por cumplir 13 años, salió de su casa del barrio Sarmiento de San Miguel. Tenía puestas unas zapatillas verde flúo. Cuando iba a encontrarse con unas amigas, fue víctima de un crimen salvaje.
Sin embargo, esto recién se supo casi siete años después. Una investigación muy deficiente determinó que el cuerpo de Salomé no se uniera con la infatigable búsqueda de su mamá sino hasta el 22 de octubre de 2019.
En la época de esta desaparición, hace casi diez años, no existía el Alerta Sofía. Ese sistema federal de emergencias para buscar a menores de edad, que ya se usó cinco veces en el país contando a Loan, se inauguró recién en 2019. Además, se creía que había que esperar uno o dos días para denunciar una desaparición. Y una tercera diferencia es que en aquellos años los canales de TV solían pedir una autorización judicial a las familias para publicar la foto de un chico buscado. Otro mundo.
Dos días después de la desaparición de su nena, el 18 de febrero de 2013, Alejandra fue a la comisaría Tercera de San Miguel. Llevó una foto y todos los datos necesarios para abrir la averiguación de paradero.
Pocos días más tarde, una compañera del trabajo le comentó que el 17 de febrero (justo después de la desaparición de su hija) habían encontrado a una chica asesinada en un lugar conocido como La Base, en José C. Paz. Esto es a 20 cuadras de su casa. Alejandra generó la hipótesis más dolorosa y se presentó inmediatamente en la comisaría Tercera de José C. Paz, llena de terror, pero en busca de la verdad.
No consiguió que le dejaran ver el cuerpo que tenían, pero le dieron una respuesta contundente. Le aseguraron que ésa no era su nena: “Tiene rasgos norteños y piel trigueña, su hija es muy blanca”, le explicó un subcomisario, a pesar de que ese cuerpo estaba carbonizado.
Ella insistió, porque era demasiada casualidad el lugar y la fecha en que había aparecido ese cuerpo. Volvió a la comisaría donde había hecho la denuncia y les habló del cuerpo que había en José C. Paz. También consiguió una ficha odontológica de su hija que había en el hospital Raúl Larcade y la aportó a la búsqueda. Pero nunca la llamaron. El cuerpo por el que había estado preguntando no fue identificado, se sepultó como NN, y ella pasó los siguientes siete años de su vida esperando a su nena.
Recorrió boliches de la zona, pegó fotos de Salomé por todos lados, colgó pasacalles recordando que la esperaba. Algunos le decían que la habían visto en una villa, en una feria; otros, en estaciones de trenes, en prostíbulos. Uno de sus fantasmas era una red de trata.
La estremecedora verdad salió a la luz recién a fin de 2019. Otra familia del Conurbano, que buscaba a otra nena desaparecida también en 2013, Nataly Gonzalo, pidió la exhumación de ese cuerpo NN, para cotejar si se correspondía con esta víctima. El cruce fue negativo, pero sirvió para revisar la historia de ese cuerpo, hallado en 2013 en una escena donde se secuestró una zapatilla quemada con suela verde. Esto condujo a suponer que podía ser Salomé, que había salido con zapatillas verdes, y luego, a confirmarlo.
La hipótesis que la propia mamá de Salomé había llevado a los investigadores en 2013 se confirmaba en 2019 y por azar. Cuando pudo ver las fotos que no le habían mostrado siete años atrás, Alejandra advirtió que su hija sí era reconocible a simple vista en ellas, por el tono de la piel en la frente. Hasta hoy no puede entender por qué no se la identificó en el momento: había una averiguación de paradero, fotos de una persona desaparecida, un cadáver, una ficha odontológica y una madre que postulaba una hipótesis.
Pasó casi siete años esperándola viva y los asesinos de Salomé ganaron casi siete años para ocultarse. Arrasada por esta investigación fallida, Alejandra tomó una decisión poco común: decidió denunciar todo este maltrato ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, donde funciona el Registro de Menores Extraviados.
En una presentación escrita que es casi un manual de la búsqueda negligente, la mujer detalló su calvario y pidió explicaciones “por lo que me tocó vivir”. Un fragmento de esa exposición dice: “Una vez fui a hacer un trámite a la comisaría Tercera de San Miguel y observé que no había ninguna foto de mi hija, sólo había fotos de un perro perdido”.
Un sumario para dos fiscales
Ante la presentación de Alejandra Valenzuela, la Procuración bonaerense abrió un sumario contra los dos fiscales del departamento judicial San Martín por los que pasó el “caso Salomé”: la fiscal que intervino en la averiguación de paradero, Gabriela Disnan, y el fiscal que tuvo la causa del hallazgo del cadáver NN, Santiago Camiñas.
A Disnan se le imputó “haber sido negligente en relación a la desaparición de Salomé Anahí Valenzuela frente al hallazgo de un cadáver carbonizado de sexo femenino” que no fue “adecuadamente relevado”, según el dictamen del fiscal general de San Martín Marcelo Fabián Lapargo.
El cuerpo se halló 24 hs después de la desaparición de la nena y a 20 cuadras de su casa. Estaba junto a una zapatilla verde y Salomé desapareció con zapatillas verdes. Y un informe odontológico estimaba la edad en “20 años más cinco o menos cinco”, es decir que se acercaba mucho a los 13 años de Salomé. Sin embargo, la fiscal sólo tuvo en cuenta las impresiones de un policía sobre los rasgos de la nena, un parte policial que le daba entre 18 y 20 años al cadáver, y dichos de testigos que decían haber visto o creer haber visto viva a Salomé.
En su defensa, la funcionaria sostuvo que condujo esta búsqueda con responsabilidad y esmero. De forma sorprendente, reconoció que Alejandra le contó sobre un cuerpo carbonizado en José C. Paz, pero que no le pidió cotejarlo. Los encargados del sumario respondieron que “la madre no es quien debe sugerir medidas investigativas”, que la fiscal debió haber corroborado y descartado eso. Le aplicaron una “recomendación” para que no se vuelva a repetir algo así.
Al fiscal Camiñas se le imputó no haber cargado el hallazgo del cadáver NN en el Sistema Informático de Análisis Criminal (SIAC). Esta plataforma oficial tiene un módulo específico para cruzar datos sobre personas buscadas y cadáveres (o restos de cadáveres) hallados, y optimizar el esclarecimiento de casos. A este fiscal se le aplicó “un llamado de atención”.
La presentación de Alejandra también llegó a la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por la conducta de los policías intervinientes en la búsqueda de su hija. Pero Asuntos Internos no hizo nada, o al menos no hay huella alguna del análisis del caso en esa dependencia, que se ocupa de auditar la conducta de los policías de la Bonaerense.
Más problemas con el SIAC
Otra de las búsquedas más bochornosas de los últimos años también se explica en parte porque los fiscales no usaron el SIAC. Se trata de Johana Luján Ramallo, buscada entre 2017 y 2019. El paradero de esta joven era el objeto de na causa judicial, pero en otras dos ya había parte sus restos. Estaban como hallazgos “NN”, no se los conectaba ni entre sí ni con la búsqueda de una mujer desaparecida en la región.
Marta Ramallo denunció la desaparición de su hija el 27 de julio de 2017 a las 23.30 en la comisaría de Villa Ponsati, en La Plata. Johana, de 23 años, vivía en una enorme fragilidad social, tenía una hijita, era trabajadora sexual en una de las zonas rojas de La Plata, consumía drogas y había estado muy mal en un hospital horas antes de desaparecer. La foto aportada por sus allegados para buscarla no ayudó: era de sus 16 años, otra vida.
La primera fiscal del caso, Betina Lacki, la buscó viva y muerta, en hospitales, morgues, cementerios. Pero varias agrupaciones políticas, feministas y de derechos humanos ligadas a los abogados de la familia de Johana cuestionaron en público “justicia patriarcal” y “connivencia con proxenetas”. A pedido de ellos, la causa se fue al fuero federal de La Plata con la carátula “trata de personas”, donde permanece abierta, sin resultados.
Johana figuró desaparecida dos años en el Programa Nacional de Personas Extraviadas. El caso fue muy público, hubo marchas callejeras periódicas, notas en diarios y revistas, stencils. La justicia la buscaba en una supuesta red de trata para explotación sexual. Sin embargo, había muerto, y quizá muy cerca del momento de su desaparición.
A mediados de 2018, en las playas de Berisso, aparecieron dos fragmentos de su cuerpo. Primero un pescador vio el miembro superior derecho. Veinte días después, otro lugareño encontró un miembro inferior derecho. Los restos eran de mujer y sus estremecedores hallazgos salieron en medios locales y nacionales. Pero no se los cruzó con la chica buscada “en redes de trata”.
Se abrieron dos causas por hallazgo de restos NN en dos fiscalías distintas de La Plata, las que estaban de turno. Ambos restos estaban íntimamente relacionados: por fecha, zona y sexo. Pero permanecieron aislados en la burocracia judicial, aislados entre sí y respecto de la búsqueda de Johana. En la morgue policial se les hicieron pericias mínimas.
Según Javier Grubisa, el médico que peritó ambos restos (en condición de NN) encontrados en la orilla, la muerte se produjo entre septiembre de 2017 y enero de 2018.
Más adelante, el forense informó en la “causa Johana” que estos restos habían sido desmembrados adrede (descuartizada). Pero no fundamentó por qué. Y los investigadores de la justicia federal tampoco le preguntaron por qué sostenía esto y por qué no podría tratarse de un desmembramiento producido por las aguas del Río de la Plata. Otro ejemplo de una investigación donde el detalle y la verdad siempre estuvieron a la zaga de las teorías deseadas, políticas: la “trata”; el “negocio de la noche del intendente Julio Garro”.
Pasaron nueve meses entre el hallazgo de los restos y un cotejo de ADN con sangre de la mamá de Johana. Esta pericia se hizo sobre el miembro inferior y dio positivo: era su hija. Se perdieron nueve meses en la investigación de esta muerte. Y hasta hoy no se sabe cómo murió Johana.
Lo más asombroso es que el brazo (uno de los hallazgos “NN”) conservaba huellas dactilares, por lo que hubiera permitido identificar a Johana en 2018. Pero, aparente y asombrosamente, éstas no se habrían cotejado con el Renaper, sino sólo con la base de datos de la Dirección de Antecedentes de la Bonaerense, algo que dio negativo.
A diferencia del caso Salomé, las negligencias de la justicia con el caso Johana no se tradujeron en ningún reclamo, en ningún pedido de sanciones para los responsables; ni en un tirón de orejas. Los familiares y las organizaciones políticas insisten en una teoría de trata para la que no hay prueba. La causa es un fracaso. Y nadie cuestiona el escandaloso derrotero de sus restos en la justicia provincial.
El SIAC se creó en 2012 por una resolución de la entonces procuradora María del Carmen Falbo, que lo consideró “ineludible” para “contrarrestar falencias” habituales en este tipo de casos. “Ello es así –fundamentó Falbo– en razón de que dichos eventos constituyen una situación angustiante para el entorno familiar, porque cuando alguien desaparece sin tenerse noticia, rastro o conocimiento cierto sobre su paradero –además de poder estar peligrando su vida, libertad o integridad física– se ve alterado gravemente su círculo social-familiar más cercano y se conmociona la sociedad toda. Basta recordar los casos ‘Grimau’, ‘Erika Soriano’, ‘María Cash’, ‘Sofía Herrera’, entre otros”.
Parece obvio aclararlo, pero encontrar implica unir una búsqueda con un hallazgo y Argentina tiene problemas para lograrlo. Uno es la falta de un registro único que cruce a los buscados con hallazgos de NN. Otro es la falta de uso de los sistemas parciales que sí existen, como el SIAC, algo que afectó las búsquedas de Salomé y Johana.
De accidentes de tránsito a desapariciones crónicas
Mauricio Germán Oliver, de 20 años, estuvo un año desaparecido. El 6 de mayo de 2014 fue a la estación Adolfo Soirdeaux, del ferrocarril Belgrano Norte, en Malvinas Argentinas, a tomar el tren para ir a lo de unas amigas, y no volvió. Empezó a estar desaparecido para su familia y recién un año después de esta situación tortuosa se supo la verdad. Mauricio había muerto en un accidente ferroviario el mismo día de su desaparición y había sido enterrado como NN en el cementerio de Benavidez.
Hay muchos casos de gente buscada años bajo carátulas de crimen complejo que murió en un accidente poco después de perder contacto con su entorno. Argentina, el país de la identidad, tiene ciertos problemas para la identificación mediante huellas y esto explica historias muy dolorosas. Las víctimas quedan como NN en un cementerio y sus ausencias perduran como desapariciones en la sociedad.
Mariela Tasat tenía 14 años, vivía en Lanús y quería ser maestra jardinera. El 7 de septiembre de 2002 desapareció misteriosamente y se convirtió en el primer caso de la ONG Missing Children. Su búsqueda duró 15 tortuosos años. Una de las conjeturas para su ausencia era la trata, por su edad y género, y su madre la buscó infatigablemente en prostíbulos y zonas rojas. Pero había muerto poco después de salir de su casa, atropellada en las vías del ferrocarril Roca.
Todo se descubrió recién en 2017, al pedir datos de cementerios y morgues en un nuevo impulso a la investigación. Los restos de Mariela estaban en el cementerio de Lanús, pero inscriptos como NN. Incluso ya habían sido derivados al osario, por ciclo administrativo. Pero el Equipo Argentino de Antropología Forense logró rescatar algunos fragmentos y pudo identificarla mediante una pericia de ADN.
La adolescente fue sepultada como NN porque no lograron identificarla por huellas. Por algún error o negligencia, el Registro Nacional de las Personas no tenía cargadas sus huellas. Éstas no habían sido incorporadas al llamado fichero universal cuando sacó el DNI: no estaban. Por eso, las huellas que le tomaron en el hospital al que la llevaron desde la estación de trenes no tenían con qué ser cotejadas. A su vez, el hallazgo del cuerpo de una mujer sin identificar no se relacionó con la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona. Este circuito determinó quince años de sufrimiento e ilusión.
Algo similar pasó con la búsqueda de Luciano Arruga, un caso que trastabilló también por problemas con huellas y determinó casi seis años de incertidumbre y dolor.
Luciano, de 16 años, criado en una familia humilde de La Matanza, hincha de River, fue víctima de un accidente fatal en la General Paz el 31 de diciembre de 2009. El SAME lo llevó al hospital Santojanni, donde no pudieron identificarlo por huellas. Murió allí, fue sepultado como NN tres meses después, y permaneció en condición de desaparecido cinco años, hasta que en un reimpulso a su búsqueda se descubrió la historia.
En el hospital no pudieron identificarlo porque el Estado no tenía sus huellas. Luciano no había tramitado el DNI de los 8 años ni el de los 16. Cuando lo atropellaron e intentaron identificarlo, el cotejo dio resultado negativo contra el fichero del Renaper. Quienes buscaban a Luciano no barajaban esta hipótesis. Tres meses después del accidente fatal, Luciano fue sepultado en la Chacarita, pero como NN.
Igual que en la historia de Salomé , familiares de Luciano estuvieron en el lugar donde estaba su cuerpo, en este caso, el Santojanni, donde les dijeron que el paciente atropellado que tenían no era él. Usaron un método poco preciso: a ese paciente NN le daban entre 25 y 30 años, cuando Luciano tenía 16. Cinco años después se sabría que sí era Luciano.
Durante casi seis años, el expediente del accidente y el de la búsqueda no se tocaron. La búsqueda fue primero una averiguación de paradero y después una causa federal por desaparición forzada apuntada a la Policía Bonaerense, un fuerte reclamo de su familia, ya que Luciano había estado en un destacamento policial antes de morir y tiempo antes habría sufrido hostigamiento de funcionarios policiales.
En un reimpulso a la investigación, al barajar y dar de nuevo, se evidenció que el Renaper no tenía sus huellas: nunca podrían haberlo identificado si había muerto. Los investigadores consiguieron un juego de huellas que le había tomado la Policía durante una detención de 2008, y que estaban sueltas en la burocracia policial (en la Dirección de Antecedentes Penales de la Policía Bonaerense), habían quedado en un limbo. Con eso buscaron accidentes fatales ocurridos el día de su desaparición y llegaron a la sepultura de la Chacarita.
Las fallas más comunes
Los protagonistas pueden mentir o plantar objetos, como en las búsquedas de Loan Peña, Santiago Maldonado o Facundo Astudillo. El trabajo de campo puede fallar, como en el caso Maldonado o el de la familia Pomar. Pero muchas desapariciones que se vuelven crónicas y toman carátulas de crimen organizado o lesa humanidad se explican por problemas de investigación.
Fotos viejas. Denuncias tardías. Accidentes que no formaban parte de la hipótesis. Huellas que no estaban en el Renaper. Negligencias de policías y fiscales. Rastrillajes deficientes. En la provincia de Buenos Aires se suman problemas. Hay plataformas que no se cargan, como el SIAC. No hay una base de datos compartida entre la Procuración, la Policía y el Servicio Penitenciario. Y algo más elemental: “Cada vez menos gente sabe tomar las huellas. Antes eso era una especie de orgullo en la Policía, pero se perdió ese conocimiento”, dice Alejandro Incháurregui, director provincial de la oficina de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Nataly Gonzalo, la chica cuya búsqueda permitió encontrar el cuerpo de Salomé, sigue desaparecida. Tenía 15 años cuando desapareció el 4 de marzo de 2012 en un camping en la costa de Hudson, Berazategui, a donde había ido a pescar con su papá y dos hermanos. Tiene hipoacusia y se comunica mediante el lenguaje de señas y leyendo los labios. Una hipótesis de su familia es que podía haber sido captada “por una red de trata”.
