Qué dicen las declaraciones juradas de los Albini, los jefes de Chocolate Rigau
Julio Rigau, alias Chocolate, hacía el trabajo duro. Iba al cajero con decenas de tarjetas del Banco de la provincia de Buenos Aires que dicen “Honorable Cámara de Diputados”. Metía una por una, sacaba billetes y tickets, y guardaba todo en sobres. Tardaba una hora, se exponía a cámaras y testigos, se le acalambraban las piernas. Pero salía con un millón y medio de pesos por día en una bolsa negra. ¿A dónde los llevaba? Los investigadores del caso piensan en una organización delictiva de larga data que habría sido conducida por dos exfuncionarios administrativos de la Cámara de Diputados: Claudio Gustavo Albini y Facundo Mario Albini, padre e hijo.
Este apellido sonó desde que TN reveló el caso en el programa Somos Buenos, porque el puntero que iba al cajero militaba para Facundo Albini. Pero fue ganando peso en la trama a medida que la fiscal del caso, Betina Lacki, sumó documentos y testimonios. Ahora los Albini están imputados por una presunta asociación ilícita y un presunto fraude al Estado de al menos $800.000.000, igual que Rigau y los dueños de las tarjetas, considerados partícipes necesarios para concretar la estafa.
Claudio Albini tiene 67 años y está en la Legislatura bonaerense desde los noventa. En ese ambiente todos lo conocen, pero nadie tiene fotos con él. Lo describen como un hombre que se muestra poco, esquivo a los flashes. En agosto de 2019 presentó una declaración jurada patrimonial para cumplir con la ley de transparencia para funcionarios, en su condición de subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, un área alojada en la poderosa Secretaría Administrativa.
En ese documento, declaró ganar $1.022.869 al año por ese cargo, no hacer otra actividad, y poseer: un auto valuado en $931.200; $664.497 en depósitos bancarios; y $1.923.750 en efectivo. Nada más. Ni una casa, ni un terreno, ni un dólar. Una austeridad que sorprende a quienes recuerdan el viaje de lujo que hizo en familia a Abu Dabi para la final de la Copa Mundial de Clubes entre Estudiantes de La Plata y el Barcelona.
Facundo Albini tiene 36 años. Hasta septiembre, conducía la unidad básica donde militaban Chocolate y el testigo Emiliano Funes Ayerdi. En 2015 consiguió el cargo de director de Control y Gestión en la secretaría de su padre. Y en 2019 declaró que por ese puesto ganaba al año $1.001.077 y que poseía: artículos del hogar por $150.000; una casa en La Plata $1.506.525; un auto de $475.900; el 33% de una casa en Gonnet de $3.004.881; depósitos por $264.000 y $198.000 en efectivo. Todo originado en acreencias cobradas.
En 2019 entró como concejal del bloque del Frente de Todos en La Plata –banca que acaba de renovar– y, según bases de datos no oficiales, habría seguido cobrando de Diputados. Las declaraciones juradas patrimoniales más nuevas de funcionarios y diputados no se consiguen. El presidente actual de esa Cámara, Federico Otermín, las eliminó de la web oficial cuando llegó a La Plata. Sólo dejó visibles algunas, presentadas en 2019. Pero ahora fue por más: directamente hizo desaparecer de la web la pestaña de Transparencia, la que alojaba las declaraciones juradas. Lo hizo el 24 de octubre, poco después de que la justicia abriera el temido celular de Chocolate.
Hay otros Albini contratados en Diputados: una ex mujer de Claudio Albini y otro de sus hijos, empresario farmacéutico en Berisso. En el caso de la mujer, el sueldo no lo cobraba ella sino Chocolate. Su tarjeta está entre las 48 que tenía cuando lo detuvieron, y ahora la ex mujer de Claudio Albini también está imputada.
Lluvia de abogados
Albini padre está sospechado de ser el jefe de este esquema recaudatorio hecho sobre nombres prestados a cambio de beneficios sociales, nombres luego usados para armar contratos de la categoría Bloque Político y emitir las tarjetas que usaba Chocolate para meter los sueldos en una bolsa.
Hincha de Estudiantes, militante, electricista, Rigau colocó en Diputados a buena parte de su familia, incluso a gente con antecedentes penales. Pero su célula cayó el 9 de septiembre, hace dos meses. Fue tras los avisos a una garita de vigilancia que hacía desde el 24 de agosto un testigo de sus andanzas que le había pedido plata para comer. Hoy es el único miembro de la trama que está privado de la libertad. Su defensa la ejerció primero el estudio Galasso-Funes y hoy la tienen Alfredo Gascón y Miguel Molina. Siempre se negó a declarar.
La libertad de los demás depende de una decisión del juez de Garantías Federico Guillermo Atencio. Y entre los imputados, la situación de cada uno afecta a los demás. La defensa de los Albini la lleva la abogada María Fernanda Borthiry, mientras la defensa de los prestanombres se distribuye entre el servicio oficial y 11 penalistas designados en los últimos días en un esquema curioso. Si bien hay cuatro defensas individuales, otros cinco estudios tomaron paquetes de cinco o seis dueños de tarjetas cada uno, que vale la pena analizar.
Fabián Améndola defiende a Juan José Tocci, cuyo legajo en Diputados data de 2004. Su sueldo en septiembre fue de $583.344, pero lo recaudaba Chocolate. Tocci trabaja en AMEPA, una mutual que presta efectivo a empleados estatales, sobre todo a policías y agentes penitenciarios; tuvo el cargo de tesorero. El creador de AMEPA es Juan Carlos Tocci, un conocido prestamista de La Plata, expolicía (exonerado en los años ‘90), y ex presidente de un club de fútbol de Berisso. Consultado por Telenoche, dijo que su hijo había trabajado como informático en la Legislatura. Juntos también crearon una financiera llamada Share Money.
Otra mutual que presta efectivo en los ministerios de La Plata a gente que cobra por el Banco Provincia es AMTE, y la entidad se vincula con un grupo de titulares de tarjetas defendido por Felipe y Héctor Granillo Fernández. Varios de ellos, Rubén Mendivil, Raúl Boragina, Agata Plana y Enzo Plana, están enlazados de una u otra forma a AMTE o a uno de sus referentes, Juan Manuel Muñoz, hijo del fallecido ex presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y cabeza de varias sociedades. Estos abogados también defienden otro imputado, Juan Martín Méndez, un hombre de Hurlingham que sería socio en dos constructoras.
También se presentó en la causa Hernán Pablo Vega, para defender a Álvaro Agra, otro titular de tarjetas ligado a financieras. La suya es una de las tres tarjetas que Rigau guardaba junto a un papel que dice “MELZI”. Agra fue contratado en Diputados en enero de 2023 y su sueldo, administrado por Chocolate, en septiembre fue de $579.990. Trabaja en Karuna Group, una de las financieras de la familia del dirigente del Frente Renovador y empleado de la Legislatura Carlos Melzi. En Karuna los accionistas son Juan Ignacio Agra, Carlos Melzi y Juan Bautista Melzi.
En tanto, los abogados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes defienden a María Amanda Albino, una mujer de Chivilcoy cuya relación con Diputados data de 2003. Su sueldo en septiembre fue de $583.247 y lo recaudaba Chocolate, como evidencian tickets y videos.
Siguiendo con la lista de defensores que se sumaron a la causa, Javier Percow ahora defiende a Perla Adriana Demicheli, una platense cuyo sueldo en septiembre fue de $573.715. Su primero contrato es de 2016, y entre 2018 y 2019 estuvo en manos de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Cámara.
Damián Barbosa y Eduardo Bouvet defienden a otros seis. Lucas Lucero, José Alberto Daponte, Flavia Di Rosa, Diego Berón, Rubén González y Brenda Caro. La tarjeta de Di Rosa tiene un enigma: estaba junto a un papel que dice: “Di Rosa = Javi = Pelusa”. En tanto, los últimos tres apellidos conducen a financieras. Caro pertenece a Karuna y su tarjeta y la de González, dice “Melzi”. Y Berón también está ligado a la mencionada mutual prestamista AMTE, que en La Plata queda en la avenida 51 entre 7 y 8 del centro platense, en el mismo edificio que el Banco del Sol, a una cuadra de la unidad básica de Facundo Albini.
El abogado Javier Fernández defiende a Mónica Caberta, Antonio Rodríguez, Patricio Pascual Prieto, Juan Vallejos y Sheila Maroni. Maroni es una de las personas que declararon al inicio, cuando podían hacerlo como testigos. La mujer, de 34 años, explicó por qué le daba su tarjeta a Rigau: “Soy un desastre, no tengo tiempo”. Dijo que conoce a Chocolate de toda la vida por ser vecinos y que hace trabajo remoto para Diputados. Su contrato empezó en 2014.
Finalmente, Gastón Nicocia fue designado para defender a Oscar Vrcic –un empleado de una farmacia de La Plata que en una entrevista con TN negó ser él–, a Matías Federico Pecile, Ernesto Crivaro (uno de los contratados más antiguos, desde 2002), Arturo Falcón Ramírez y Graciela Anivarro. Los dos últimos casos están ligados, ya que la tarjeta de Falcón tenía un papel que dice “Falcon = Anivarro”.
