“La deuda del Estado con quienes buscan su origen es total”
Miles de argentinos adoptados o apropiados en distintas épocas buscan recuperar su historia. Alejandro Incháurregui, impulsor de una inédita campaña de sensibilización del gobierno bonaerense, remarca: “Lo importante es siempre el acceso a la verdad”.
La compraventa de bebés, la sustracción de identidad y la adulteración de documentos existieron siempre. Y las múltiples circunstancias por las cuales una mujer llega a separarse del hijo que parió (incluidas la violencia sexual y la pobreza) también. Pero en Argentina, las palabras “apropiación” e “identidad” remiten casi siempre al sistema de robo de chicos que se practicó durante el terrorismo de Estado (1976–1983). Por eso se destaca una campaña oficial que por primera vez se ocupa del derecho a la identidad sin acotarse a la trama de la última dictadura.
La campaña “#Yo soy” consiste en nueve spots audiovisuales. Contiene testimonios breves y conmovedores de personas que buscaron o buscan su origen, y de madres que buscan a un hijo. También historias de reencuentros, voces de especialistas, como la psicóloga Eva Giberti o el pediatra Pablo Croce, y experiencias sobre la maternidad, como la de la pianista Martha Argerich.
El objetivo es sensibilizar a la sociedad con un tema híper delicado y lleno de tabúes, comprometer a las instituciones y convocar a la gente. “Si tenés dudas, comunicate al 0800 333 5502”, dice la convocatoria del Registro Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dirige en La Plata Alejandro Incháurregui. La iniciativa puede ayudar a muchas personas -de todo el país- a reunirse con su historia.
La campaña es clave porque el tema es un tabú. Incháurregui lo explicó en el programa Ahí Vamos, por Radio Nacional: “Los que buscan a veces son reticentes o esperan la muerte de sus familiares de crianza, porque buscar puede suponer cierta ingratitud con ellos o exponerlos a la justicia, que tiene la mala costumbre –y el poco entrenamiento– de ir por la persecución penal de los apropiadores y no por la identidad de origen de quien está buscando”. Al mismo tiempo, “la mujer que parió y, por algún motivo, propio o ajeno, decidió o no pudo maternar a ese niño, suele ser estigmatizada y condenada a un silencio bastante opresivo”.
Por eso, los spots de #YoSoy exploran temas colaterales: la orfandad, la maternidad obligatoria, el mito del instinto materno, la culpa. “Buscamos sensibilizar para que se sientan un poco liberadas del prejuicio. Para que, si tienen el corset del silencio por lo que alguna vez les sucedió, o historias no blanqueadas con sus familias en torno a ese nacimiento, se avengan a aportar la información que puede resolver la historia de ese adulto que fue parido por ellas. Es confidencial y respetando la voluntad. Nuestra filosofía no es la punitiva sino la de buscar la identidad de origen”, explicó Incháurregui en diálogo con las periodistas Gisela Busaniche y Clara Lis.
UN PROBLEMA MASIVO
Buenos Aires no tiene una ley de identidad de origen (hay algunos proyectos), pero este derecho está consagrado en el artículo 12 de la Constitución provincial. En ese marco trabaja Personas Desaparecidas, única oficina del país dedicada a estas búsquedas. La demanda social es notoria. Entre 2005 y 2015, este equipo de civiles y policías dirigidos por Incháurregui (que fue uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense y se especializa en identidad de origen) recibió 3.400 consultas de personas desvinculadas de sus familiares. De estos casos esclarecieron un tercio.
Un 15% de quienes buscan su historia son adoptados [legal]. Pero el 85% son apropiados [ilegal: inscripción como hijo propio de alguien que no lo es, falseando documentación, muchas veces con complicidad de funcionarios, religiosos o personal de salud involucrado en redes de tráfico, o los propios familiares de la parturienta]. Un porcentaje mínimo de las consultas las hacen madres; a algunas les dijeron que su bebé nació muerto y sospechan que es mentira.
“Lo importante es llegar a la verdad. Siempre eso es mucho mejor que el fantasma de ignorar qué pasó, por qué uno fue abandonado o rechazado, o si en rigor fue no querido. Y el acceso a esa verdad puede ser más potente que la creación de un vínculo o no con la familia biológica”, sostuvo Incháurregui en otra nota sobre el lanzamiento de la campaña, en el programa Sala de situación (Radio Dime).
“LA JUSTICIA CON LOS HIJOS DE LOS DESAPARECIDOS DEBERÍA DERRAMAR SOBRE EL RESTO”
Además de los cerca de 400 nietos que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo, otros ciudadanos tratan de recuperar la identidad. Para dimensionarlo basta un ejemplo: el Banco Nacional de Datos Genéticos, que cruza la sangre de familiares de las víctimas de la dictadura con la de jóvenes que dudan sobre su identidad, lleva resueltos 130 casos (los nietos recuperados). Pero en el mismo lapso obtuvo –como mínimo– 10.000 resultados negativos. Es decir, un conjunto mucho mayor de personas que tienen vulnerado el mismo derecho, pero no son hijos de los desaparecidos y no cuentan con apoyo institucional.
“La deuda del Estado con los que buscan su origen es total”, dijo Incháurregui en Radio Nacional. “La última dictadura fue un absoluto, y la restitución de la identidad de los 130 hijos de desaparecidos fue un acto de justicia. Pero desde la perspectiva del presente de los derechos humanos, el tipo de esclarecimiento para esos 130 casos debería derramar sobre todas las víctimas de estas prácticas, que son masivas, contemporáneas y habituales en nuestra sociedad, como sostuvo el fiscal Pablo Parenti, de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Esa práctica de justicia, más que loable, no ha derramado sobre el resto”.
La experiencia de la Dirección de Personas Desaparecidas está plasmada en el libro Tras la búsqueda. Historias en torno a la identidad de origen y los reencuentros (2009), prologado por Héctor Schmucler. Y en el documental “Mujeres invisibles” (2015, Clara Becerra).
El trabajo de esta agencia estatal también fue clave para el primer juicio penal que hubo en el país por sustracción de identidad fuera de los delitos de lesa humanidad, donde se condenó a la partera Nilda Civale. Una de las querellantes fue la periodista Clara Lis, que nació en marzo de 1978, fue vendida por Civale y sigue luchando por encontrar su origen.
Josefina López Mac Kenzie
