Los otros buscadores de identidad esperan una ley que los repare
Tiene media sanción del Senado bonaerense un proyecto para garantizar las búsquedas de identidad de origen de miles de apropiados y adoptados que no son hijos de desaparecidos y hoy carecen de apoyo estatal. Sería la mayor novedad de derechos humanos en años.
En el mismo periodo en el que las abuelas de Plaza de Mayo localizaron a 130 hijos de sus hijos (víctimas del terrorismo de Estado), el Banco Nacional de Datos Genéticos arrojó al menos 14.000 resultados negativos. Para 130 positivos, 14.000 negativos. Esa es la medida de un gran problema que resulta ignorado como si pudiera ignorarse un elefante en el living.
Hablamos de 13.870 ciudadanos de todo el país que nacieron en la misma época (1974–1983) que los nietos buscados por Abuelas. Pero no son hijos de desaparecidos (ya dieron negativo al ser cruzados con la sangre de los familiares, que guarda el BNDG). Y también desean conocer su historia. A esta cifra hay que agregar miles de personas nacidas antes y después de la última dictadura que tienen el mismo bache en su biografía (la apropiación de chicos y la sustracción de identidad se practicaron siempre). También hay que sumar a sus madres, padres y hermanos que buscan.
Lo dijo Pablo Parenti, fiscal de la unidad especializada en apropiación de niños en el terrorismo de Estado: “Cuanto más profundizamos en las investigaciones para localizar a los hijos de desaparecidos, más nos topamos con otro fenómeno muy diferente, pero coetáneo: las decenas de miles de inscripciones irregulares que ocurrieron en nuestro país durante muchos años. Un fenómeno que, como se sabe y podemos comprobar, fue mucho más masivo”.
Pero para este universo de ciudadanos no están disponibles las herramientas estatales que están disponibles para los presuntos hijos de las personas asesinadas en la dictadura. Como el BNDG: por una modificación legal de 2009, esta estructura pública se usa exclusivamente para los cruces ligados a crímenes de lesa humanidad. Como si el resto de los buscadores sólo mereciera postear sus búsquedas en Facebook y sentarse a esperar un milagro. Y pagar análisis en laboratorios privados.
Una ley para la provincia de Buenos Aires
La Constitución provincial garantiza el derecho a la identidad de origen para todos. En ese marco, y producto de la gran demanda social, hace veinte años la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas (en el ministerio de Seguridad) trabaja en estas investigaciones.
Una ley bonaerense le daría al tema un respaldo y una estructura mayores. Además de reconocimiento simbólico. El 30 de junio de 2021, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley de identidad de origen que sintetiza dos iniciativas que había. Ahora lo tienen que tratar los diputados.
Testimonios dolorosos
Antes de que se votara el proyecto en el Senado bonaerense hubo una reunión de la comisión de Derechos Humanos de esta cámara, de la que lograron participar varios buscadores. Fragmentos tomados de estos testimonios:
Nélida GAUTO. Busca a su hermano, que nació el 30/5/65 en lo de la “partera Doña Teresa”, de Turdera. Su mamá vio desde la ventana al matrimonio que bajó de un auto con un moisés y se llevó al bebé. Estaban en una situación económica muy vulnerable, sin techo ni sostén. “Yo siempre creí que mi hermanito había muerto al nacer. Esa era la historia familiar. Hasta que en 2002 mi mamá le cuenta la historia a una de mis hermanas. Cuando yo me enteré de semejante barbaridad, yo ya era abuela. Fue un dolor muy grande saberlo”.
Integra Nacidos en Turdera, un grupo de Facebook que reúne más de 200 casos de 1960 a 1988. Habla de “dinastías de parteras" en Turdera. Habla de las madres, la culpa que las envuelve y les impide salir a buscar. Recuerda a una de ellas decir: “Yo lo miraría de enfrente. Sólo querría saber cómo estaba”.
“Que no pese el estigma de abandónicas. Que se entienda en qué contexto ocurrieron los hechos”.
“Agradezco que se trate esta ley y ruego que salga esta ley”.
Stella Maris CERATTI. Parió el 2/5/95 en Villa Martelli. “Me dijeron que había nacido muerto. Me dieron el cuerpo de un bebé. Fui sometida a pericias psiquiátricas, me dijeron que yo no aceptaba la muerte del bebé. Pero yo pude demostrar con un cuerpo que mi hijo fue cambiado y sustituida su identidad”.
“Los hijos y las mamás hemos sido víctimas de una trama entre el sistema de salud, funcionarios, una sociedad cómplice y un estado que estuvo ausente. Quiero instar a las mamás a que salgan de una cueva. En mi caso, hace 25 años. Otras van falleciendo en el camino. Hemos golpeado muchas puertas”.
“No habíamos parido en dictadura ni en cautiverio, y no fuimos torturadas. ¿No les parece suficiente tortura que pasan los años y busquemos en la calle los rostros de quienes serían nuestros hijos? Es indispensable que el Estado, que fue inoperante, nos dé herramientas".
“Muchas madres no salen porque han sido maltratadas. Nos merecemos una ley en la que nuestros hijos puedan encontrar su identidad. Somos el eslabón fundamental. A los chicos les cuentan otra cosa”.
“Necesitamos un banco genético gratuito, aunque sea provincial aunque debería ser nacional”.
“No somos ciudadanos de segunda. Debemos gozar del mismo derecho”.
“Que la apropiación de niños deje de reudcirse a un solo periodo. Detrás de estas madres también hay hermanos y abuelas”.
Patricia GIMENEZ. De la ONG: “Colectivo Mendoza por la verdad”. El 3/8/84 le roban un bebé en un hospital público de Mendoza.
“El Estado tiene que salir a buscarnos”.
“Las madres tambén somos destinatarias de la ley 26485” [de protección integral a las mujeres].
“Que en el próximo censo nacional se les pregunte a las personas por su origen”.
Nombra a buscadores de identidad que murieron en el camino.
Algunos ejemplos de la inequidad actual
No es exagerado decir que una ley de identidad de origen sería la novedad más importante de los últimos años en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Simbólicamente, quizá se la pueda comparar con una norma como la 13.298, de Niñez (la calidad de su aplicación es otro asunto). Entre otras cosas porque ambos suelen ser universos masivos, vulnerables y desamparados, que no le importan a casi nadie, por más duro que suene.
Algunas muestras de la inequidad actual:
- El Banco Nacional de Datos Genéticos. Hasta 2009, su labor no estaba restringida a casos de al última dictadura. La ley que lo creó, en 1987, no dice que es exclusivo para ese fin. Pero ese año, con el argumento de que otras pericias hacía demorar los análisis de las familias de los desaparecidos, se modificó la ley. Y se restringió el uso del Banco a un subconjunto de búsquedas. Lo explicó en un artículo Clara Petrakos, una hija de desaparecidos que busca a una hermana apropiada: “Lo más grave es que en nombre del derecho a la identidad (de unos pocos) se restringió el derecho a la identidad de todos”, escribió.
- El acompañamiento. Cuando un buscador de identidad (voluntario o requerido a partir de búsquedas de Abuelas de Plaza de Mayo) da negativo contra el BNDG (es decir, miles de casos por año), ninguna estructura lo “ataja”, lo contiene anímicamente ni lo orienta en el derrotero que le espera.
- La difusión. La mayoría de las campañas sólo les hablan a ciudadanos que podrían ser hijos de los desaparecidos. Un ejemplo es “Una dosis de identidad”, que plantea la vacunación por el Covid-19 como una oportunidad para iniciar la búsqueda de la historia propia. Esto aun cuando el propio gobierno bonaerense tiene en marcha una campaña de difusión inédita, que se llama “Yo soy” y se dedica a sensibilizar sobre este tema por fuera de la problemática de la última dictadura.
- El Poder Judicial. Una pareja a la que le robaron un bebé en una red de tráfico del Conurbano pero en otra dictadura, en 1969, tuvo que poner un abogado para pelear en la Justicia federal que su causa por esta búsqueda no se cierre. Que los sigan acompañando. (Uno de los integrantes de la pareja se acaba de morirse esperando). La partera que se quedó con ese bebé (les dijo que había muerto) es la misma que en 1976 robaba chicos nacidos en centros de detención clandestinos. Esta continuidad en la práctica de la apropiación la recordó el mes pasado Martín Ogando, hijo de desaparecidos, al dar un testimonio dolorosísimo en un juicio por crímenes de lesa humanidad en La Plata. Pero no hay acompañamiento cuando las búsquedas están fuera del período de la última dictadura.
Hoy seis provincias (y varios municipios) tienen una norma específica sobre el tema en el país. La provincia de Buenos Aires espera su ley. Y hace años las organizaciones de buscadores de identidad demandan además una ley nacional.
Argentina es vanguardia en identidad. Pero, como dijo Alejandro Incháurregui, director de la oficina de Personas Desaparecidas en PBA, la deuda del Estado con quienes buscan su origen es total. “La última dictadura fue un absoluto, y la restitución de la identidad de los 130 hijos de desaparecidos fue un acto de justicia. Pero esa práctica de justicia, más que loable, no ha derramado sobre el resto. Desde la perspectiva del presente de los derechos humanos, el tipo de esclarecimiento para esos 130 casos debería derramar sobre todas las víctimas de estas prácticas, que son masivas, contemporáneas y habituales en nuestra sociedad”.
